En la sesión 51 del Consejo Latinoamericano del SELA, los Estados miembros del bloque consideraron a ese cerco -que La Habana reconoce como una brutal guerra económica- “incompatible y viola el Derecho Internacional y es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Los miembros del Consejo aprobaron también en la reunión el Programa de Trabajo 2026-2029 del organismo, el cual está orientado a la construcción de una región más próspera, competitiva e inclusiva, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados miembros.

Además de impulsar la cooperación técnica y la generación de soluciones innovadoras que “potencien la resiliencia regional frente a los desafíos presentes y futuros de América Latina y el Caribe”.

Una nota de prensa señaló que la planificación para el próximo año está enfocada en las áreas de Recuperación Económica, Digitalización e Infraestructura y Desarrollo Social, que articulan las prioridades regionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Esta primera busca romper la trampa del bajo crecimiento mediante el fortalecimiento de la integración, la planificación de actividades relacionadas con la Integración Económica, la Facilitación del Comercio y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

La segunda se enfoca en la transformación hacia una economía digitalizada e inteligente y la transición hacia una infraestructura física sostenible y resiliente, con definiciones de actividades para la Transformación Digital, la Infraestructura Energética Sustentable y la Infraestructura de Cómputo Sostenible.

El Desarrollo Social tiene por propósito alcanzar la erradicación de la pobreza y la mitigación de la desigualdad en la región, especialmente en los grupos más vulnerables, a través del Desarrollo Sostenible y Resiliente, la Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático, junto a la promoción de una visión integral de la Movilidad Humana.

Con este programa de trabajo 2026-2029, el SELA reafirmó su rol como organismo articulador, capacitador y propositivo, a través de la promoción óptima de políticas públicas inclusivas y sostenibles, materializando alianzas estratégicas que facilitan la integración regional y la transformación productiva, indicó.

Junto a ese programa se aprobó, además, el Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría Permanente del año 2024, así como la designación de una nueva Mesa Directiva encabezada por Colombia, Uruguay, Barbados y Cuba.

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