“Está de más decir que soy absolutamente inocente de las acusaciones que alegremente se están vertiendo, por aspectos claramente políticos, por la coyuntura que atraviesa el Gobierno. Se buscan chivos expiatorios (…)”, afirmó el exdignatario durante la audiencia de medidas cautelares en la que un juez decidió remitirlo por cinco meses al penal ubicado en la ciudad de La Paz.
Al cierre de la semana que concluye, Arce insistió en que el Ejecutivo busca encubrir “lo que está pasando con este tipo de acciones, y lamentamos que en menos de 24 horas se haya elaborado todo esto para llevar adelante una persecución y una aprehensión absolutamente ilegal”, manifestó.
Respecto a su arresto por varios cargos vinculados al presunto desfalco del FDI, comentó que, de haber existido una citación previa, habría asistido sin necesidad de una aprehensión o medida coercitiva.
En su intervención ante un juez anticorrupción, el exdignatario reiteró que es inocente e insistió en que la acusación en su contra tiene un carácter político.
Describió que la aprehensión ejecutada el miércoles fue ilegal, ya que fue abordado por enmascarados con pasamontañas que se negaron a mostrar la orden correspondiente y simplemente lo invitaron a subir a un vehículo.
“Podía haber sido un secuestro, podía haber sido cualquier situación absolutamente irregular -comentó Arce-, pero subí a ese vehículo. Me llevaron a un transbordo, a otro vehículo y luego, como mencionaba nuestro abogado, en la Plaza Triangular, después de más de 10 ó 15 minutos de estar ya aprehendido, no había recibido la orden de aprehensión ni la notificación respectiva”.
Negó Arce también las acusaciones en su contra por el caso FID, en el que se le señala haber consentido, en su calidad de ministro de Economía, el desembolso de recursos públicos a cuentas particulares y de no haber ejercido control sobre proyectos incompletos o inexistentes.
Aclaró que, “por casualidad”, estuvo en una reunión del Directorio del FID en 2009 en Tarija, pero aseguró no conocer el acta de ese encuentro, y agregó que, como ministro, solía delegar la participación en las reuniones del Directorio.
Rebatió, asimismo, el pretexto de sus acusadores respecto a que no tendría domicilio conocido ni trabajo, afirmación que calificó de inverosímil, porque su vivienda es conocida incluso por el personal de seguridad que lo trasladaba cuando era mandatario y porque actualmente trabaja como docente en la Universidad Mayor de San Andrés.
Al referirse esta semana a la aprehensión del exjefe del Estado Plurinacional, el Grupo de ¨Puebla expresó “profunda preocupación» en un comunicado.
“Sin emitir juicio sobre el fondo de las acusaciones —que deberán ser esclarecidas con todas las garantías del debido proceso—, advertimos con inquietud el uso selectivo y políticamente oportuno del aparato penal, en un contexto regional donde el lawfare se ha utilizado reiteradamente como herramienta de persecución política y alteración de la competencia democrática”, afirma el texto.
Agrega el escrito que resulta jurídicamente confuso y políticamente sensible que hechos antiguos, conocidos o investigables con anterioridad, se activen penalmente solo después de finalizado un mandato.
«(…) Este patrón, repetido en América Latina, erosiona la confianza en la justicia y debilita gravemente el Estado de Derecho. La justicia no puede ser instrumento de revancha política. La lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando se aplica de manera selectiva (…)”, sostiene el documento.
“Exigimos que el expresidente Luis Arce sea tratado con plenas garantías procesales y acceso a una defensa efectiva”, reafirma el comunicado al advertir que el Grupo de Puebla mantendrá observación permanente de este caso, en defensa del Estado de Derecho, las garantías constitucionales y la vigencia plena de los derechos políticos en la región”.
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