En un recorrido por la ciudad de David, capital de la occidental provincia de Chiriquí, el mandatario lamentó la muerte del capitán José Icaza, agente de la Policía Nacional, cuando enfrentaba a pandillas en la zona de Caimitillo (Panamá norte).

Al respecto, el jefe de Estado subrayó la importancia de respaldar a la fuerza pública y aseguró que el Ejecutivo mantendrá la ofensiva contra el narcotráfico y las bandas, a las que atribuyó buena parte de la violencia que enfrenta el istmo. Consultado por la prensa sobre la posibilidad de aplicar medidas más severas contra los delincuentes, indicó que cualquier estrategia será incompleta si no existe una actuación coordinada entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial.

En ese sentido, cuestionó el desempeño de jueces de garantía y las limitaciones que, en su opinión, tiene el Ministerio Público.

Para el dignatario se trata a delincuentes de alta peligrosidad —narcotraficantes y asesinos— bajo un esquema excesivamente garantista.

Además se refirió a las dificultades que enfrenta la Procuraduría para actuar, al señalar que actualmente los fiscales requieren autorizaciones judiciales para diligencias como allanamientos, lo que, según dijo, ralentiza los procesos.

Aunque reconoció que estas garantías forman parte del Estado de Derecho, insistió en que la falta de coordinación entre justicia y organismos de seguridad “no produce buenos resultados”.

Mulino llamó a que las instituciones actúen de manera conjunta.

“No podemos estar cada quien por su lado: la justicia por una parte y la Policía y los organismos de investigación por otra”, remarcó.

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