Cientos de personas se concentraron en Quito y Guayaquil para honrar a Steven, Josué, Ismael y Nehemías, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados tras un operativo militar en diciembre de 2024.
La Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión para los 17 militares procesados por el caso. Ciudadanos en las calles y defensores de derechos humanos insistieron en que ese no fue un hecho aislado, sino que hay más de 30 desapariciones en el contexto de la militarización contra el crimen organizado.
Por otro lado, el legislador Juan Andrés González, de la Revolución Ciudadana (RC), acusó al gobierno de Noboa de cometer un “autoatentado” por estar presuntamente vinculado con la explosión de un artefacto en Guayaquil.
En declaraciones a la prensa, el parlamentario, jefe de la bancada opositora, señaló que un vehículo de la marca Porsche vinculado a Industrial Molinera, entidad de la familia del mandatario, habría sido usado en la operación posterior a un ataque terrorista ocurrido en el mes de junio en la urbe costera.
A raíz del hecho, el bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) presentó una denuncia contra González por difamación, algo que la RC consideró que forma parte de la “arremetida” del Ejecutivo para silenciar la labor fiscalizadora del denominado Caso Porsche.
En tanto, la justicia ecuatoriana ordenó que el expresidente Lenin Moreno (2017-2021) enfrente un juicio por presunto cohecho en el marco del llamado caso Sinohydro, investigación sobre supuestos sobornos vinculados a la adjudicación de contratos para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
El juez Olavo Hernández determinó que existen suficientes elementos para presumir la participación de Moreno como autor directo del delito y llamó a juicio a él y a otras 20 personas de su entorno.
Esta semana se supo que una corte internacional ordenó a Ecuador a pagar 220 millones de dólares a Chevron, pese a la contaminación de esa petrolera en la Amazonía.
La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco-Chevron (Udapt) rechazó el fallo y anticipó que acudirán a tribunales en otros países para homologar la sentencia ecuatoriana, que desde 2011 obliga a la petrolera a pagar nueve mil 500 millones de dólares por daños ambientales.
La bancada de ADN anunció que impulsará una ley que permita cobrar los 220 millones “del bolsillo” de la RC, liderado por el expresidente Rafael Correa, al que responsabilizan de presuntas irregularidades judiciales en el caso.
El propio Correa (2007-2017) aseguró este jueves que su Gobierno “no intervino en nada” en el juicio local contra Chevron, aunque señaló que “siempre respaldamos a nuestras comunidades indígenas y denunciamos la destrucción de la selva, y lo volveríamos a hacer un millón de veces”.
La agenda política ecuatoriana también estuvo marcada por la realización este viernes en Quito del decimosexto Gabinete Binacional Ecuador-Perú y encuentro presidencial entre los mandatarios de ambos países: Daniel Noboa, el anfitrión que recién regresó de una gira internacional, y el peruano, José Jerí.
Las autoridades suscribieron la Declaración Presidencial de Quito 2025, instrumento que contiene 57 compromisos políticos y de cooperación y abogaron por luchar de forma conjunta contra el crimen organizado y la minería ilegal, en especial en la frontera común.
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