El hecho, que conmocionó a la sociedad dominicana, ocurrió el 14 de agosto de 2023 y también ocasionó decenas de heridos, nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas.

Por el caso fueron enviados a juicio Edward Armando Vidal, Maribel Sandoval Almánzar y Mercedes Altagracia Vidal, los propietarios de la empresa Vidal Plast, donde se originó la fuerte explosión.

La jueza Loyda Amador, del Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, admitió la totalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente, la detonación «fue consecuencia de la torpeza, imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos de seguridad industrial, sanitaria y medioambiental por parte de los procesados», relacionados con el almacenamiento y manejo de materiales plásticos y sustancias químicas peligrosas.

El Ministerio Público recordó en un comunicado que, tras descartar una falla eléctrica, el Cuerpo de Bomberos determinó que la explosión fue provocada por el químico Autofina-Luporox A 70S, un peróxido orgánico utilizado en la industria del plástico y el caucho.

Según la investigación, la sustancia fue almacenada de forma indebida durante años, en un ambiente cerrado junto a residuos plásticos, lo que generó una acumulación de gases que detonó al alcanzar su punto crítico.

El expediente señala que cinco meses antes del siniestro, el 18 de marzo de 2023, ya se habían registrado señales de alerta cuando una chispa durante trabajos de herrería provocó una reacción química que causó quemaduras a un empleado.

El caso, declarado de tramitación compleja, está sustentado en 128 elementos probatorios, entre pruebas testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales.

Los acusados enfrentan cargos por violación del artículo 319 del Código Penal, así como de disposiciones de la Ley General de Salud 42-01 y de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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