Ochoa, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), denunció que sus compañeras Ana Hall, del Partido Liberal (PL), y Cossette López, del Partido Nacional (PN), pretenden limitar el escrutinio especial del nivel presidencial a únicamente mil 81 actas, de un total de 19 mil 167.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el consejero opinó que esa decisión excluye 17 mil 36 documentos con algún tipo de inconsistencia, lo cual, advirtió, pone en riesgo la transparencia del proceso electoral, envuelto en numerosas irregularidades y fallas del sistema.
El funcionario detalló que 14 mil 73 actas presentan problemas relacionados con el sistema biométrico (número de votantes), mientras que otras mil 882 registran falta de firmas, errores en las sumas o ni siquiera han sido recibidas por el árbitro de los comicios, por solo citar algunas anomalías.
Ante ese escenario, el representante de Libre en el CNE abogó por un recuento total en el nivel electivo presidencial, sobre todo cuando el cómputo preliminar muestra una ajustada rivalidad entre los dos candidatos del tradicional bipartidismo, encarnado por el PN y el PL.
“Mi postura es que debe practicarse el conteo especial voto por voto de oficio en todas las actas presidenciales, pero especialmente aquellas que presentan inconsistencias. Debemos cumplir nuestra responsabilidad con la transparencia”, acentuó Ochoa. A dos semanas de la contienda y en espera de ese escrutinio especial, los resultados preliminares favorecen al aspirante del nacionalismo (derecha) Nasry Asfura, apoyado abiertamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Con una diferencia en su contra de 42 mil 407 votos, le sigue el también derechista Salvador Nasralla, del PL, quien este domingo denunció que en más de 14 mil actas a nivel presidencial hubo trampa y demandó una revisión voto por voto de las urnas.
Una postura respaldada por la presidenciable de Libre, Rixi Moncada -relegada a un tercer puesto contra todos los sondeos que la daban como la gran favorita de los comicios-, cuya formación habla de un golpe electoral en marcha.
La joven agrupación progresista anunció la víspera que no concederá legitimidad política al gobierno que surja de las elecciones del 30 de noviembre.
“El Partido Libre no otorga legitimidad política ni moral al régimen surgido de este proceso de restauración del narcoestado mediante la injerencia desvergonzada del gobierno de los Estados Unidos”, reza una resolución adoptada por el instituto político liderado por el exmandatario Manuel Zelaya.
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