La fase final del juicio transcurrió este lunes con la presentación de los alegatos de clausura y los pedidos de condena contra 17 uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
La Fiscalía solicitó penas de 34 años y ocho meses de prisión para 11 de los acusados, señalados como autores directos de la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los chicos cuyos restos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre pasado en una zona rural de Taura, en la provincia de Guayas.
Durante la audiencia, el fiscal a cargo individualizó la acusación contra el teniente coronel Juan Francisco I. M., a quien atribuyó un rol de complicidad por presunto encubrimiento posterior a los hechos, al ordenar el levantamiento de prendas sin cumplir protocolos, omitir información relevante y retrasar la activación de mecanismos de búsqueda.
Para el teniente coronel, la Fiscalía pidió una pena de siete años y cuatro meses de prisión, además de una multa equivalente a 800 salarios básicos y una reparación simbólica de 10 mil dólares para las familias de las víctimas.
En el juicio también se abordó la situación de cinco militares que se acogieron a la figura de cooperación eficaz y aportaron información clave para la investigación, incluidos detalles sobre agresiones físicas, disparos intimidatorios y el abandono en una zona despoblada.
Para ellos, el ministerio público solicitó penas reducidas de 30 meses de prisión.
Las defensas cuestionaron la configuración del delito de desaparición forzada y alegaron que los menores habrían sido liberados con vida, mientras que la acusación particular sostuvo que la omisión de protocolos y la inacción de mandos militares contribuyeron a la consumación del crimen.
Tras concluir los alegatos finales, el tribunal dio por cerrada la etapa de debate y anunció el inicio de la deliberación.
El juez ponente convocó para el 22 de diciembre próximo la reinstalación de la audiencia para anunciar la resolución, aunque indicó que el fallo podría adelantarse si la deliberación concluye antes.
Mientras tanto, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos aguardan una decisión judicial que marque un precedente sobre la responsabilidad de agentes estatales en crímenes contra niños y adolescentes en Ecuador.
La detención de los cuatro menores ocurrió en medio del conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, que indicó a los militares sumarse a operativos para combatir al crimen organizado.
La coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Ingrid García, aseguró que a un año del crimen no ha existido una disculpa pública real y que hubo ocultamiento de información.
jha/avr
