En rueda de prensa este martes, el abogado y representante del colectivo, Pablo Fajardo, junto con habitantes afectados por los derrames petroleros afirmaron que el laudo confirma una nueva carga económica para el país y evidencia cómo los arbitrajes internacionales operan en favor de las corporaciones.

La Udapt pidió a la justicia ecuatoriana que la indemnización sea embargada y esos recursos se destinen para la remediación ambiental en la Amazonía.

Fajardo cuestionó al procurador general, Juan Carlos Larrea, por decir “estupideces” en medios de comunicación al destacar el hecho de que el pago a la transnacional se redujo, aún cuando las afectaciones persisten.

“El objetivo nuestro no es que el Estado ecuatoriano pague, sino que pague Chevron. Ahora hay un laudo arbitral, que consiguieron sacrificando a la Amazonía. Esos 220 millones de dólares no los debe pagar el Estado, pero aquí benefician a Chevron sacrificando a la Amazonía”, añadió.

En ese sentido, insistieron en que la justicia disponga el embargo y se haga respetar la sentencia local de 2011, que ordenó a Chevron a destinar nueve mil 500 millones de dólares a la Amazonía.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, calificó a Chevron de ser una “empresa asesina” y advirtió que con ese antecedente no van a entrar a los territorios ancestrales para actividades extractivas.

Mayra Piaguaje, indígena siekopai, mostró imágenes del impacto de los derrames de crudo de Texaco, luego absorbida por Chevron, cuya contaminación persiste décadas después de las operaciones y mencionó que varios de sus familiares han muerto de cáncer a causa del desastre.

“Queremos justicia, reparación, y dignidad”, expresó Piaguaje.

El conflicto, uno de los más largos de América Latina en materia ambiental, se originó en 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas denunciaron vertidos tóxicos atribuidos a Texaco, luego adquirida por Chevron, en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

La empresa sostiene que la sentencia ecuatoriana de 2011 fue obtenida “a través de fraude, sobornos y corrupción”, y en 2018 logró un laudo internacional favorable que derivó en una compensación de tres mil 350 millones de dólares, monto que ahora se redujo a 220 millones.

El procurador general Larrea, se refirió este martes en entrevista con el programa radial A primera hora a las alternativas legales que aún tiene Ecuador frente al laudo emitido por la Corte Penal Internacional de La Haya.

El funcionario advirtió que una eventual anulación total del fallo es jurídicamente posible, aunque compleja desde el punto de vista técnico.

Asimismo, indicó que las comunidades afectadas en la Amazonía conservan la posibilidad de presentar una nueva acción judicial para reclamar por los daños ambientales atribuidos a la operación de Texaco.

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