El Gobierno aspira a la aprobación de la iniciativa que incluye la suspensión de la reforma de la jubilación hasta enero del 2028, en aras de concentrarse en el presupuesto del Estado para el año próximo, el cual presenta un escenario desafiante y difícil de presagiar.

Por su parte, partidos opositores como La Francia Insumisa y Agrupación Nacional, identificados por el oficialismo como los extremos de la izquierda y la derecha, respectivamente, se aprestan nuevamente a rechazar el proyecto, al que critican desde visiones encontradas.

Una vez más los socialistas serán la clave en el resultado del voto, ya que el 9 de diciembre su respaldo a la norma para financiar la seguridad social en 2026 permitió su adopción por apenas 13 sufragios de diferencia.

Las concesiones del primer ministro, Sébastien Lecornu, a los socialistas, en particular la congelación de la reforma de retiro, parece de momento su tabla salvadora, tanto en materia de presupuesto como de la amenaza de censura que pesa sobre su gestión, la misma que hizo caer a sus dos predecesores en un año (Michel Barnier y François Bayrou).

A menos que algunos diputados cambien su postura, todo indica que el país tendrá un presupuesto para la Seguridad Social, pese a críticas de la izquierda por su potencial impacto en la salud y la educación y los reclamos de la derecha contra la suspensión de la reforma de la jubilación y a favor de una mayor austeridad.

El déficit del proyecto debe quedar por debajo de los 20 mil millones de euros, en dependencia del resultado de los debates.

La escena quedaría lista para el análisis del proyecto de Ley de Financiación del Estado en una comisión mixta paritaria el viernes, reunión de momento sin un pronóstico claro.

Si del encuentro de diputados y senadores sale un texto de compromiso, Lecornu estará cerca de lograr el objetivo de dotar a Francia de los presupuestos 2026 antes de que termine este año.

De lo contrario, la opción que parece imponerse es la de aprobar una ley especial para garantizar los gastos esenciales y la recolección de impuestos, con la mira en la continuación de los debates parlamentarios en enero hasta conseguir el presupuesto de financiación del Estado.

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