Mediante un comunicado, la entidad llamó al presidente Bernardo Arévalo a considerar no solo el porcentaje nominal del aumento, sino también las consecuencias para los empleadores.
Estos factores elevan el costo total de contratación y podrían influir en la capacidad de generación de puestos formales, especialmente en áreas rurales, añadió.
Refirió dificultades logísticas que enfrenta el sector: problemas de infraestructura vial y congestión en los puertos, las cuales incrementan los valores de producción y afectan la competitividad de los agricultores.
Camagro expuso que las proyecciones oficiales estiman un crecimiento del producto interno bruto agrícola de alrededor del 1,8 por ciento, cifra que representa menos de la mitad del crecimiento nacional previsto (4,1 por ciento).
El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Enrique Font, negó, por su parte, que estén en contra de un alza salarial, sino de una definición unilateral, no técnica o basada en una pretensión populista.
Deberíamos estar más enfocados en cómo todas estas personas que no están en la formalidad se pueden inscribir para acceder a la Seguridad Social, consideró, en respuesta a preguntas del diario local Prensa Libre.
Expresó que en las discusiones paritarias sugirieron los porcentajes, dependiendo si eran no agrícolas o agrícolas, entre dos y un cuatro por ciento de alza.
El diputado Orlando Blanco comentó que, si se quiere reducir en parte la brecha para cubrir la canasta básica alimentaria, el aumento no debería ser menor a 10 por ciento.
Si se busca mejorar la cobertura o recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, el ajuste debería ser de 18 por ciento, añadió, según el propio medio periodístico.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores y el Centro de Investigaciones Nacionales plantearon antes que “un incremento salarial desmedido” podría profundizar la desaceleración exportadora.
Una Comisión creada para analizar el tema del salario, a pesar de la presentación de propuestas, terminó sin acuerdos, por lo cual la población espera en estos días el pronunciamiento final del Gobierno.
jha/znc





