La puja comenzó este martes en el Senado con una reunión clave para definir la hoja de ruta que seguirá el proyecto de reforma laboral y la posibilidad del oficialismo de conseguir la media sanción en este hemiciclo el martes 30, mientras en la Cámara de Diputados busca firmar el dictamen para que el Presupuesto 2026 se vote en el recinto.

Desde el mediodía, los jefes de los bloques partidistas negocian la conformación de las comisiones ante la presión de la Casa Rosada y sus correligionarios de lograr un trámite exprés con el afán de conseguir la media sanción de la reforma.

Milei le puso como fecha límite a este tramo de sesiones extraordinarias el martes 30 de diciembre. El trabajo legislativo se retomará a fines de enero, pero los libertarios igualmente quieren acelerar al máximo posible el tratamiento del paquete de leyes que quiere sacar el Gobierno.

En ese fardo legislativo destacan el Presupuesto y la reforma laboral por encima de los anteproyectos de Inocencia Fiscal (o «dólar colchón») y el que busca blindar el equilibrio fiscal como política de Estado para evitar que se aprueben leyes que la Casa Rosada considere que afectan a su política de restricción presupuestaria, en especial los fondos de planes sociales.

En la Cámara de Diputados hubo acuerdo para discutir este miércoles los anteproyectos sobre presupuesto y el que busca incentivar la formalización de ahorros en dólares y el que apunta a blindar el equilibrio fiscal.

De hecho, hoy martes el oficialismo logró mayoría en comisiones y dejó listo el proyecto -cuyos detalles no se hicieron públicos- para votarlo en el recinto mañana miércoles.

Luego de acomodar las comisiones con mayoría de legisladores oficialistas y aliados consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 y ya tiene convocada una sesión en Diputados para el miércoles 17 de diciembre, con el objetivo de alcanzar la media sanción en período de sesiones extraordinarias.

También avanzó su iniciativa de «Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria», que impone sanciones penales a quienes ejecuten incrementos presupuestarios sin recursos acreditados.

Paralelamente, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo una serie de reuniones con diputados nacionales e intendentes peronistas para coordinar el rechazo a la reforma laboral, luego del ataque a la sede del Sindicato de Empleados del Vidrio, hecho que interpretó como un intento de intimidación al movimiento obrero de cara a la movilización del jueves 18.

La dirección de la CGT recibió a legisladores del bloque peronista Fuerza Patria y acordaron –indicaron fuentes sindicales- una estrategia común que incluye presencia “en la calle y en el Congreso”, con el objetivo de defender los derechos laborales y a huelga.

La confederación gremial, al igual que las dos Centrales de Trabajadores de Argentina y otras agrupaciones sindicales consideran que el plan el cual el ejecutivo llama Modernización Laboral “profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo”, la cual no solo golpeará aún más el empleo genuino, sino que implica un retroceso deliberado en derechos laborales y debilita la negociación colectiva.

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