Según el mandatario, la demanda se presentó este lunes en el país norteño y espera que Ecuador pueda recibir una reparación integral.

“Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias”, escribió el gobernante en su cuenta de X.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, precisó que la demanda se presentó con base en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, la Ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en inglés), que sanciona una conducta penal con indemnización.

Debido a los retrasos en incumplimientos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) decidió la terminación unilateral de los dos contratos con Progen, pactados para dos proyectos que aportarían un total de 150 megawatts.

Sin embargo, previamente Ecuador desembolsó 108 millones de dólares por esos dos contratos.

La decisión de Noboa de interponer la demanda generó cuestionamientos en el ámbito político ecuatoriano.

En el Legislativo, la oposición, encabezada por la Revolución Ciudadana, cuestionó al Ejecutivo por “incoherente”, según señaló el asambleísta Lenin Barreto.

En su opinión, el mandatario optó por una demanda en el exterior, cuando los hechos se produjeron en Ecuador y contaron con el aval de instituciones públicas y de autoridades del sector energético, como el actual ministro de Infraestructura y Obras Públicas, Roberto Luque, que fue titular de Energía.

También se refirió a Inés Manzano, quien lidera actualmente la cartera de Energía y -manifestó- autorizó pagos pese a los incumplimientos contractuales.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el legislador Alfredo Serrano coincidió en que la acción internacional puede servir para recuperar recursos, pero cuestionó que no se haya iniciado primero una acusación penal en Ecuador.

En declaraciones a la prensa apuntó que el Ejecutivo debió investigar de inmediato a los funcionarios de alto, medio y bajo nivel que permitieron la firma y ejecución de los contratos.

Fuera de la Asamblea Nacional, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) catalogó la denuncia como una “payasada” y coincidió en que hay que demandar también a los ministros que permitieron ese “latrocinio”.

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