En un comunicado, el dirigente palestino alertó que esa medida forma parte de una política más amplia de limpieza étnica y desplazamiento forzado de la población de la Ribera Occidental y Gaza.

Además, advirtió, constituye una flagrante y grave violación de las normas del derecho internacional humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe categóricamente la destrucción de propiedad privada y pública en territorios ocupados.

El ataque a Nur Shams, al igual que a otros campamentos de refugiados, no es una acción militar pasajera, sino una estrategia deliberada destinada a desmantelar la estructura social palestina, quebrar la voluntad de resistencia y borrar el derecho al retorno, recalcó.

Fattouh consideró esa medida como un crímen de guerra y de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Por lo tanto, estimó, coloca a las autoridades israelíes, tanto políticas como militares, “ante una responsabilidad jurídica individual e internacional que no caduca con el tiempo ni puede ser encubierta por el silencio o los dobles estándares”.

También el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa) condenó ayer el anuncio.

El director de asuntos de Unrwa en Cisjordania, Roland Friedrich, alertó que la demolición de eso edificios afectará a cientos de refugiados palestinos que ya fueron desplazados por la fuerza.

Señaló que, según imágenes satelitales, aproximadamente el 48 por ciento del total de las estructuras del campamento de Nur Shams ya fueron dañados o destruidos incluso antes de que se emitiera la última orden.

La decisión “entra dentro de un patrón recurrente observado en la región este año, mediante el cual las fuerzas israelíes demuelen casas con el objetivo de imponer un control a largo plazo” en la zona, afirmó.

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