Los implicados tenían como objetivo desestabilizar el orden democrático y sostener en el poder al entonces presidente Jair Bolsonaro.

Tal decisión fue adoptada por la primera sala del STF, que aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía General.

Los ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia Antunes consideraron que existen indicios suficientes para la apertura de una acción penal contra los acusados.

De acuerdo con la investigación, el plan fue concebido por un grupo inconforme con la derrota electoral de Bolsonaro en los comicios de 2022.

Los involucrados se habrían reunido en las inmediaciones del campamento golpista instalado frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, donde definieron la colocación de un artefacto explosivo en un espacio público de gran circulación.

Según la Fiscalía, el sujeto George Washington fue el responsable de armar la bomba, utilizando dinamita, detonadores y un sistema de control remoto.

Wellington Macedo habría conducido el vehículo que transportó el explosivo, mientras que Alan Diego participó en la colocación del artefacto en un camión cisterna cargado con queroseno de aviación, estacionado cerca del aeropuerto.

Posteriormente, Diego realizó llamadas para alertar sobre la supuesta presencia de la bomba, con el fin de generar pánico y caos social.

El atentado fue frustrado cuando el conductor del camión detectó un objeto extraño y alertó a la Policía Militar.

Las autoridades encontraron en registros posteriores armas, municiones y materiales explosivos en el apartamento de uno de los acusados.

En su voto, el relator Alexandre de Moraes afirmó que la denuncia individualiza claramente la conducta de cada imputado y garantiza el derecho a la defensa, subrayando que esta fase no implica un juicio definitivo sobre la culpabilidad.

Los tres acusados permanecen en prisión preventiva por orden del STF. El juicio virtual concluirá formalmente este viernes, aunque aún es posible la presentación de recursos.

Con la denuncia aceptada, se inicia formalmente el proceso penal, al término del cual el Supremo decidirá si los acusados serán condenados o absueltos.

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