En entrevista con Prensa Latina, el abogado del colectivo, Pablo Fajardo, afirmó que existen vías jurídicas para impedir que la millonaria suma termine en manos de la transnacional.

Fajardo recordó que desde 2011 Chevron mantiene una deuda firme de nueve mil 500 millones de dólares con las comunidades amazónicas, derivada de la sentencia emitida por la justicia ecuatoriana.

“Si Chevron le debe a las comunidades y el Estado le debe a Chevron, lo lógico es que ese dinero vaya a la Amazonía y no al bolsillo de la empresa”, sostuvo.

El jurista explicó que Udapt ya presentó una acción de embargo del crédito ante la Corte de la provincia de Sucumbíos, en su calidad de juez de ejecución de la sentencia ambiental de 2011, para que ordene la retención de los 220 millones y que sean redirigidos a la reparación de los daños causados por la petrolera.

El abogado señaló además que esta acción se complementa con una demanda presentada hace tres años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se denuncia la intervención del Estado ecuatoriano en un litigio entre privados.

Según el abogado, los últimos gobiernos de Ecuador han respaldado a Chevron en tribunales internacionales, lo que en su opinión, vulnera principios como la seguridad jurídica, el cumplimiento de sentencias y la obligación estatal de no interferir en procesos en los que no es parte.

“Pedimos que la CIDH ordene al Estado no entrometerse en este caso y que el proceso avance hacia la Corte Interamericana”, indicó.

El conflicto, uno de los más largos de América Latina en materia ambiental, se originó en 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas denunciaron vertidos tóxicos atribuidos a Texaco, luego adquirida por Chevron, en la Amazonía entre 1964 y 1990.

La empresa sostiene que la sentencia ecuatoriana de 2011 fue obtenida “a través de fraude, sobornos y corrupción”, y en 2018 logró un laudo internacional favorable que derivó en una compensación de tres mil 350 millones de dólares, monto que ahora se redujo a 220 millones.

El representante legal afirmó que el caso también tiene una dimensión política y constitucional, por lo que Udapt acudió a la Asamblea Nacional para exigir fiscalización sobre la actuación de funcionarios públicos, en particular del procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

A su juicio, Larrea ha incumplido el mandato constitucional de defender los intereses nacionales al priorizar la defensa de Chevron, lo que calificó como una “violación grave” del marco jurídico ecuatoriano.

El abogado cuestionó además al gobierno del presidente Daniel Noboa por mantener y promover cláusulas de arbitraje internacional en contratos con empresas transnacionales, pese a la prohibición constitucional y al rechazo expresado en la consulta popular de abril de 2024.

En ese contexto, criticó el decreto ejecutivo 501, emitido en enero de 2025, que otorga reconocimiento jurídico en Ecuador a la Corte Permanente de Arbitraje, el mismo organismo que falló contra el país en el caso Chevron.

“Hay un desacato total al mandato popular y a la Constitución, para beneficiar a empresas transnacionales que siguen lucrando del país”, concluyó Fajardo.

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