El presidente Daniel Noboa confirmó en la red social X que “con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo”.

Según el mandatario, la operación permitirá “identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país”.

Estados Unidos anunció el despliegue de personal de su Fuerza Aérea en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, sin precisar el número de efectivos involucrados.

La embajada estadounidense señaló que “este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana”.

El argumento oficial es que la presencia militar fortalecerá la capacidad ecuatoriana para combatir el narcotráfico mediante mejoras en la recopilación de información y en las capacidades operativas.

La noticia fue dada un mes después de que los ecuatorianos dijeran No al regreso de las bases militares extranjeras en un referéndum convocado por Noboa.

A su vez, el procedimiento en territorio ecuatoriano ocurre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Venezuela está rodeada por mar y decretara un bloqueo total a la circulación de buques de transporte de crudo.

El escritor y exvicecanciller Kintto Lucas criticó la acción militar en el actual contexto y afirmó que “Ecuador será cómplice del bloqueo militar y saqueo de Estados Unidos a Venezuela. Lo demás es cuento”.

En igual sentido se pronunció la exasambleísta Gisella Garzón, de la Revolución Ciudadana (RC), quien también cuestionó la decisión y escribió: “¡Qué vocación de colonia, hermano! Con esta ‘decisión’ estamos involucrados, sin tener nada que ver, en un conflicto regional”.

Por su parte, la asambleísta por Latinoamérica, el Caribe y África, Eliana Correa, también de la RC, rechazó las amenazas de Trump contra Venezuela, las calificó como una política de acoso e intervención sostenida y llamó a respetar la soberanía de los pueblos y sus recursos.

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