El Decreto 23-2025 aprobado por el Legislativo autoriza al Gobierno a suscribir el contrato con un plazo de amortización de 25 años, con cinco y medio de gracia y una tasa de interés SOFR, de referencia en Estados Unidos.

De acuerdo con la normativa, los recursos se destinarán a ampliar la cobertura del servicio de energía en comunidades rurales que actualmente no cuentan con acceso.

El programa tiene como meta incorporar a cerca de 70 mil hogares, principalmente en municipios con bajos niveles de electrificación.

Además, prevé inversiones en la ampliación y el refuerzo de redes de distribución de media y baja tensión, así como en la implementación de minirredes con fuentes renovables y sistemas solares fotovoltaicos individuales con almacenamiento.

Las acciones estarán enfocadas en comunidades rurales e indígenas y contemplan actividades de sensibilización sobre el uso productivo de la electricidad, con énfasis en la participación de mujeres.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró a mediados de agosto pasado que su Gobierno busca antes del final de la gestión en 2028 llevar electricidad a la totalidad de hogares del país.

La brecha de cobertura y el alto costo de la energía en muchas localidades son fuente de conflictividad y un lastre para el desarrollo, describió el mandatario, de 67 años.

Calificó el tema de vergonzoso si se considera el potencial de la nación, con sol abundante, vientos estables, ríos vigorosos y con un subsuelo rico en fuentes de energía geotérmica.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, reconoció antes que Guatemala aparece como la tercera de Latinoamérica con el índice de electrificación más bajo (ronda el 90 por ciento, según datos oficiales).

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