El Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Knesset (Parlamento) aprobó ayer por seis votos a favor y ninguno en contra avanzar en una iniciativa, aprobada ya en primera lectura, que cortaría la electricidad y el agua a las instalaciones propiedad u operadas por la Unrwa en los territorios ocupados.
Ese organismo proporciona desde hace décadas educación, salud y ayuda a millones de palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como en Líbano, Siria y Jordania.
La nueva normativa también permitiría al Gobierno confiscar “sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos” propiedades en Jerusalén Este que fueron arrendadas a la Unrwa.
La semana pasada, el Ejército irrumpió en su sede de esa ciudad e incautaron todo el material en su interior, en medio de acusaciones del Gobierno contra la institución por su supuesto apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica y al ataque del 7 de octubre de 2023.
En respuesta, el comisionado general del organismo, Philippe Lazzarini, denunció que Israel está violando los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas al atacar la sede de la agencia.
Al intervenir en una reunión sobre refugiados en Ginebra, Lazzarini acusó a ese país de asesinar en Gaza a más de 380 miembros del personal de Unrwa en los últimos dos años.
En enero de este año, entraron en vigor dos leyes adoptadas por Israel contra la agencia, pese a las condenas internacionales.
La primera de ellas prohibió las actividades de la Unrwa dentro de “áreas bajo soberanía israelí”, incluida la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, ocupada desde la guerra de 1967.
La prohibición se extendió a la operación de oficinas de representación y la prestación de servicios, mientras que la segunda ley impide cualquier contacto de las autoridades con el organismo.
También impuso obstáculos a la negociación de la agencia con bancos israelíes, la obtención de transferencias financieras y el pago de salarios.
Unrwa tenía su sede temporal en el barrio palestino de Sheikh Jarrah, ubicado en Jerusalén oriental.
El 10 de octubre de 2024, la Autoridad de Tierras de Israel anunció la confiscación del terreno y la conversión del sitio en un asentamiento avanzado con mil 440 viviendas para los colonos judíos.
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