El anteproyecto que comenzó a debatirse esta tarde en la Cámara de Diputados, discusión que puede prolongarse ininterrumpidamente hasta mañana, tampoco propone nada para rescatar a la alicaída industria nacional que opera al 60 por ciento con masivo cierre de empresas y hasta 396 despidos por día.

El proyecto de presupuesto que recibió dictamen a nivel de comisiones deroga las leyes que estipulan fondos a la asistencia por discapacidad, al funcionamiento universitario, a la salud pediátrica y obvia a los jubilados.

Además, contempla una multimillonaria transferencia de recursos del sistema jubilatorio al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se creará para que los empresarios paguen las indemnizaciones por despido de sus trabajadores.

O sea, quitar recursos a la Agencia Nacional de Seguridad Social para colocarlos en las arcas empresariales a fin de que las patronales indemnicen a quienes despidan pero no con el dinero de las empresas como debía ser, y así le salga gratis esa gestión indemnizatoria.

La Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad comparó que las erogaciones en el presupuesto de Milei para 2026 con las de hace tres años representa una disminución del 24,6 por ciento, es decir, un cuarto menos lo cual implica amputar directamente determinadas tareas que antes cumplía bien o mal el Estado.

Por separado, el Senado inició las deliberaciones sobre el controvertido proyecto de reforma laboral que implica una pérdida derechos para los trabajadores y cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, el debilitamiento de la estructura sindical, de la negociación colectiva y del derecho a huelga, alertó el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).

Además, tal como lo concibió el Poder Ejecutivo el anteproyecto contempla una transferencia millonaria de recursos del trabajo al capital, cambios impositivos favorables a la clase empresarial y revoca el Estatuto de los Periodistas, así como los derechos vinculados con la cultura y la comunicación, alertó la académica Cynthia Ottaviano.

Eso es aparte de la pérdida de garantías que hasta ahora han gozado los sindicatos otorgadas por la Constitución, al tiempo que beneficia a las grandes compañías en desmedro de las pequeñas y medianas.

El ahorro patronal por la reducción de contribuciones destinadas al financiamiento de las obras sociales sindicales asciende a 679 millones de dólares.

Crea un nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral lo que implica una nueva reducción de aportes empresariales; por ejemplo, para nuevas contrataciones el empleador sólo pagará 8 por ciento de contribuciones, incluyendo dentro de ellas al 3 por ciento para el Fondo de Asistencia Laboral.

Igualmente, establece el programa de “Promoción del Empleo Registrado” que en la práctica es un nuevo blanqueo laboral con amplias amnistías fiscales, previsionales y penales: la extinción de la acción penal tributaria, así como la condonación de infracciones, multas y sanciones.

En un tema muy sensible para los gobiernos provinciales, el proyecto cercena en 2,7 por ciento la coparticipación por la reducción de alícuota del impuesto a las ganancias.

Y beneficia a la clase alta con la eliminación de impuestos internos a embarcaciones, aeronaves y objetos suntuarios, debido a lo cual el Estado dejará de engrosar 334 millones de dólares anualmente.

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