Certificada por 48 votos a 25, el alcance de la norma va más allá de los episodios golpistas del 8 de enero de 2023, en Brasilia, pues incluye a los procesados por actos contra el Estado Democrático de Derecho.

El texto aprobado lo propuso el relator Esperidião Amin, al que incorporaron una enmienda de Sergio Moro en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ).

La modificación restringe parcialmente beneficios en régimen cerrado y, sin embargo, fue considerada de redacción y no de fondo.

Tal clasificación evitó que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados y la decisión generó divergencias incluso dentro del Senado.

En la jornada, la CCJ aprobó el texto tras casi cinco horas de debate.

La ley redefine porcentajes mínimos para la progresión de régimen y amplía las posibilidades de beneficios como la prisión domiciliaria.

En el caso de líderes de organizaciones criminales, se fija el cumplimiento mínimo del 50 por ciento de la condena.

Aun así, críticos sostienen que el nuevo marco legal abre brechas para reducir de forma significativa el tiempo efectivo de prisión de condenados por graves ataques al orden democrático.

El Gobierno orientó el voto en contra. El senador Jaques Wagner admitió que permitió el avance del proyecto por un acuerdo de procedimiento con la oposición para evitar que quedara congelado hasta el próximo año.

Subrayó que no hubo respaldo de la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con el texto ahora en el despacho presidencial, la decisión final pondrá a prueba el compromiso del Ejecutivo con la defensa de la democracia y marcará un punto de inflexión en la respuesta institucional a los intentos de ruptura del orden constitucional en Brasil.

Si hay veto, el contenido vuelve al Congreso. Diputados y senadores podrán mantenerlo o rechazarlo y, si es sancionado, la nueva regla entra en vigor.

De esta manera, los condenados podrán solicitar la revisión de beneficios y el Poder Judicial deberá interpretar y aplicar la nueva legislación.

Con las nuevas reglas, Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses por tentativa golpista, cumpliría cerca de dos años y cuatro meses en régimen cerrado, considerando también beneficios por estudio y el período de encierro domiciliario.

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