«La reducción de las penas para Jair Bolsonaro y otros golpistas, aprobada en el Senado, es una falta de respeto a la decisión del STF (Supremo Tribunal Federal) y un grave retroceso en la legislación que protege la democracia», denunció Hoffman.

Aseguró que Lula vetará esta iniciativa y remarcó que «quienes sean condenados por atentar contra la democracia deberán pagar por sus crímenes».

También la titular de Relaciones Institucionales criticó el acuerdo negociado por el líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner, durante la votación del polémico Proyecto de Ley de Sentencias.

La propuesta aprobada por los senadores este miércoles prevé la reducción de las sanciones para los condenados por el golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y beneficia a Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años y tres meses de cárcel.

«En vísperas de Navidad, el líder del Gobierno (Wagner) quiso regalar un pavo a los golpistas que atentaron contra la democracia. Me negué…», afirmó el senador Renan Calheiros.

Líderes de cuatro partidos que apoyan al Ejecutivo en la Cámara de Diputados interpusieron un recurso de amparo ante el STF.

Su principal argumento es que una enmienda incluida en el proyecto por el ponente, el senador Esperidião Amin, alteró el contenido de la propuesta.

Por lo tanto, lo correcto habría sido que la proposición enmendada regresara a la Cámara baja.

Sin embargo, el relator maniobró para transformar esta enmienda, que era de fondo, en una de redacción, impidiendo así que la iniciativa regresara a Diputados para su posterior análisis.

Hubo la supresión de un paso esencial del procedimiento legislativo bicameral, explican los parlamentarios en el recurso de amparo presentado ante el Supremo.

Respecto a la ejecución de las penas, el Proyecto de Ley de Sentencias estipula que los condenados tendrán derecho a una progresión más leve y rápida de sus sanciones.

En cuanto a los delitos contra el Estado, la propuesta define que los castigos por los delitos de golpe de Estado y abolición no son acumulables. También se prevén penas más cortas para las infracciones cometidas por turbas.

Si Lula aprueba el Proyecto de Ley de Sentencias, la pena de Bolsonaro podría reducirse de 27 años y tres meses a aproximadamente 20 años.

La progresión también lo beneficiaría, pues estipularía que permanecería entre barrotes solo dos años en régimen cerrado.

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