Esa postura constituye un desconocimiento de la Carta de la ONU, que estipula la no intervención en los asuntos internos de cada país y prohíbe el uso o amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado.

También contradice los principios rectores de la política exterior de Chile, que han guiado a los distintos gobiernos desde el término de la dictadura.

Entre ellos figuran el respeto a los tratados y el derecho internacional, la solución pacífica de controversias, el rechazo a la fuerza y el respeto irrestricto al principio de no intervención.

“Llamamos al pueblo a rechazar esta inaceptable posición del presidente electo que no sólo rompe la tradición de Chile de Estado promotor de la paz y la seguridad, sino además alimenta una agresión ilegítima contra un pueblo hermano, con impredecibles consecuencias para la región.”

Esta posición convierte a Chile en un servil aliado de una potencia extranjera que pretende reeditar la nefasta Doctrina Monroe que tanto daño ha hecho a los pueblos de nuestra América.

Así lo señala la declaración de la AJD, a la que se adhirieron también la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos (Plaindh).

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