Monteverde está prófugo desde 2019 y el Ministerio del Interior ofrece 500 mil soles (aproximadamente 150 mil dólares) por revelar su paradero y posibilitar su captura y enfrenta otro proceso el Panamá por manejos financieros relacionados con los sobornos

Según el conocido fiscal anticorrupción José Pérez, los imputados tras una investigación de siete años, merecen el encierro por los delitos de lavado de activos y Monteverde con el agravante de integrar una organización criminal.

Pérez pidió además al Poder Judicial la disolución de 21 entidades jurídicas (empresas) involucradas en la intermediación de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht que, tras de los escándalos de corrupción que protagonizó en diversos países, cambio su nombre por Novonor.

También solicitó condenas de 13 a 33 años a los demás acusados, entre los cuales María Isabel Carmona, Sara Andrade y Karla Ganoza son considerados de mayor responsabilidad penal.

Los acusados participaron de alguna manera en el ocultamiento de las coimas mediante operaciones consistentes en que las empresas manejadas por Monteverde simulaban contratos de servicios a Odebrecht para justificar la recepción de dinero, entre otras modalidades,

Los sobornos fueron pagados a altos funcionarios de las administraciones neoliberales consecutivas de Alejandro Toledo (quien gobernó entre 2001 y 2006) y Alan García (2006-2011) y la nacionalista de Ollanta Humala (2011-2016).

Por ello, Toledo cumple una condena de 20 años y seis meses de cárcel, Humala está preso y tiene pendiente una apelación contra una sentencia de 15 años y García se suicidó cuando los fiscales y la policía intentaban apresarlo.

El fiscal Pérez, que sustentó la acusación en un expediente de tres mil 735 páginas, integra el equipo especial dedicado a los casos de corrupción de empresas brasileñas en Perú, uno de varios grupos especializados cuya próxima disolución ha anunciado el polémico fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

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