El texto fue aprobado la víspera por el Senado, en otra derrota para el Ejecutivo en el Congreso Nacional.

«Si hubo un acuerdo con el Gobierno, no me informaron. Si no se informó al presidente, no hubo acuerdo», señaló Lula ante periodistas para un balance de su administración en el año que termina.

Defendió el castigo para los involucrados en el intento de golpe de Estado e insistió en que es necesario esperar a que concluyan los procesos penales.

«Quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos contra el país. (…) Con el debido respeto al Congreso Nacional, cuando llegue a mi despacho, lo vetaré», refirió.

Señaló que esto no es ningún secreto para nadie y aún no hemos llegado al final del proceso. Necesitamos saber quiénes son los financiadores, apuntó.

En el Senado, el proyecto de ley que beneficia a los golpistas fue aprobado por 48 votos a favor y 25 en contra. El texto modifica las reglas de sentencia, es decir, el cómputo de la pena de prisión y la progresión del régimen para los condenados.

Lula tiene 15 días hábiles para aprobar o vetar tal iniciativa, pero dado que el receso parlamentario comienza la próxima semana, esto le da hasta febrero para frenar la propuesta.

Posteriormente, el Senado deliberará sobre el veto. Para revocar el veto presidencial, se necesita una mayoría absoluta de senadores, es decir, al menos 41 votos.

«El Congreso tiene derecho a hacer cosas, yo tengo derecho a vetar, y ellos pueden revocar mi veto. Así funciona el juego», enfatizó Lula.

Tras la aprobación del Proyecto de Ley de Dosimetría en el Senado, la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, indicó que la reducción de las penas para Bolsonaro y otros golpistas «es una falta de respeto a la decisión del STF (Supremo Tribunal Federal) y un grave retroceso en la legislación que protege la democracia».

Después del asentimiento, los partidos de los Trabajadores y Socialista Brasileño presentaron una demanda ante el Supremo para que se anule la medida.

La Ley de Ejecuciones Penales prevé la progresión de los regímenes penitenciarios para los infractores primerizos que cometieron delitos «sin violencia contra una persona ni amenaza grave» tras cumplir un 16 por ciento de su condena. Cuando se trata de actos violentos, este porcentaje aumenta al 25.

Este es el caso de los delitos por los que Bolsonaro fue condenado a más 27 años de cárcel. El proyecto de ley permite el beneficio del 16 por ciento para el expresidente y los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023.

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