Se trata de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley de Reducción Excepcional del Actual Período de Duración del Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

La primera, aprobada por unanimidad, se presenta como una norma integral destinada a fortalecer el papel del conocimiento científico y tecnológico en el desarrollo económico y social del país.

Su propósito es ordenar, promover y articular actividades vinculadas a la ciencia, la investigación y la tecnología, integrando a instituciones científicas, universidades, empresas estatales y no estatales, gobiernos territoriales y otros actores sociales.

De este modo busca una mayor conexión entre el conocimiento y las necesidades concretas de la economía, los servicios y la vida social. Uno de sus ejes principales es la prioridad al potencial humano, considerado el recurso fundamental para el desarrollo científico del país.

En palabras del ministro del Citma, Armando Rodríguez, durante su intervención «la ley es para incentivar, promover y abrir oportunidades».

Por otra parte, la segunda propuesta de ley tiene como objetivo establecer una diferencia de hasta un año entre la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y la de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Además establece con carácter excepcional que el actual mandato de los delegados sea de cuatro años y culmine en noviembre de 2026.

La norma ratifica el papel del Consejo de Estado como órgano encargado de convocar oficialmente las elecciones para la renovación periódica tanto del Parlamento como de las asambleas municipales, una atribución que se ejerce en correspondencia con lo dispuesto en la Constitución de la República.

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