Ante la persecución de que han sido objeto cientos de nacionales dominicanos con estatuto migratorio irregular, dada la política del mandatario estadounidense, la legación diplomática ha guardado silencio, según Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.

“El consulado dominicano ha optado por evadir la realidad de discriminación y violencia institucional que experimenta la comunidad que representa, legitimando prácticas federales y locales que han sido señaladas por múltiples organizaciones como violatorias de derechos humanos”, afirmó Guerrero.

La manifestación, en el contexto del Día Internacional del Migrante, enarboló la campaña Migrar es un Derecho, contó con la presencia de representantes de Kilómetro 0 y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, denunciaron la más agresiva campaña de represión migratoria de Estados Unidos en décadas.

“El deber de cualquier representación consular debe ser defender a su gente con firmeza, denunciar las violaciones de derechos y garantizar acompañamiento a quienes enfrentan persecución estatal”, insistió la portavoz de Comuna Caribe.

Reclamó que el consulado dominicano, que no reaccionó al respecto, ha optado por evadir la realidad de discriminación y violencia institucional que experimenta la comunidad que representa, legitimando prácticas federales y locales que han sido señaladas como violatorias de derechos humanos.

“El consulado ha fallado en establecer mecanismos sólidos de apoyo, en proveer información clara sobre derechos, en denunciar públicamente las redadas indiscriminadas y en acompañar a las familias afectadas y en su lugar, ha emitido un mensaje que refuerza la criminalización y contribuye a un clima de temor generalizado”, sostuvo Guerrero.

Por su parte, Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, indicó que mientras la administración Trump intensifica su maquinaria de persecución, el consulado dominicano elige alinearse con los mismos mecanismos que están destrozando vidas y familias, en obvio abandono institucional.

“Exhortar a una comunidad migrante a confiar ciegamente en agencias con antecedentes de discriminación y brutalidad no es orientar, es exponer a esa comunidad a un riesgo aún mayor”, aseguró Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.

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