Según expuso el titular de esa cartera, Germán Ávila, la medida respondería a la necesidad de proteger derechos fundamentales, garantizar transferencias a la población más vulnerable, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y asegurar los subsidios de energía eléctrica para los hogares de la región Caribe, entre otras acciones.
La Emergencia Económica es un estado de excepción regulado por el Artículo 215 de la Constitución Política, que permite al presidente de la República legislar de forma extraordinaria para afrontar hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico o social del país.
El hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso abrió “un nuevo capítulo de incertidumbre fiscal” para Colombia, según concluyó un informe divulgado recientemente por la entidad.
El naufragio del proyecto significa que el presupuesto de 2026 (que ya fue aprobado por el Legislativo por cerca de 142 mil millones de dólares) prescindirá de 16 billones de pesos (poco más de cuatro mil millones de dólares al cambio actual) que el Ejecutivo esperaba poder recaudar mediante una reforma tributaria.
La información sobre la eventual declaratoria de la Emergencia Económica en Colombia fue divulgada por Ávila durante el anuncio del Banco de la República de que mantendrá las tasas de interés de política monetaria en 9,25 por ciento.
Alegaron lo miembros de ese comité que las expectativas de inflación futura de uno a dos años aumentaron en mayor grado, en tanto advirtieron que la no aprobación de la ley de financiamiento demanda del gobierno acciones que contribuyan a equilibrar el presupuesto de 2026.
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