En un comunicado de la Cancillería española, señaló que las sanciones suponen un nuevo ataque contra la independencia, integridad e imparcialidad de la CPI, afectando gravemente su labor.

“La Corte Penal Internacional desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la reparación de las víctimas”, argumentó.

Asimismo, el texto reafirmó el respaldo inequívoco de España a la Corte y trasladó su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal de la CPI afectados por estas decisiones.

“España continuará cumpliendo de manera íntegra sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción de la CPI”, concluyó el comunicado.

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