El convenio fue anunciado por los departamentos de Justicia y de Transporte, que intensificarán las acciones contra los servicios no registrados ni autorizados, considerados una amenaza para la seguridad vial y la competencia legal.

El secretario interino de Transporte, Giovanni Lopez, explicó que la iniciativa responde a una directriz presidencial para frenar la proliferación de operadores ilegales que afectan a empresas estatales y ponen en riesgo a pasajeros.

Por su parte, el titular interino de Justicia, Fredderick Vida, confirmó el compromiso del organismo de procesar a los infractores y trabajar de forma coordinada con el Consejo Regulador de Transporte Terrestre y operadores legales.

Las autoridades recordaron que la Ley de Servicio Público contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes operen sin autorización, y señalaron que la estrategia se centrará en desmantelar redes organizadas.

Como parte del acuerdo, el Ejecutivo lanzará una campaña de información pública en diciembre y un programa de amnistía en enero, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios.

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