La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso, quien desestimó el recurso presentado por los abogados del exmandatario, al considerarlo improcedente y orientado únicamente a retrasar la ejecución de la pena de 27 años y tres meses de cárcel.

Conocido como embargo infringente, el mecanismo utilizado es una figura excepcional dentro del máximo tribunal brasileño y solo puede aplicarse cuando una condena no es unánime y existen al menos dos votos favorables a la absolución.

Tal requisito no se cumplió. En el juicio contra Bolsonaro, solo uno de los magistrados de la primera sala votó en favor del exjefe de Estado, lo que, según la jurisprudencia consolidada del STF, invalida automáticamente este tipo de apelación.

La defensa había sostenido que el reglamento interno del Supremo permitiría revisar cualquier fallo no unánime y acusó a la corte de violar sus propias normas al bloquear el recurso.

No obstante, De Moraes fue categórico: la interpretación defendida por los abogados no se ajusta a la práctica histórica del tribunal ni a los criterios legales vigentes.

Bolsonaro fue condenado por liderar una conspiración destinada a impedir la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones de octubre de 2022.

Desde mediados de noviembre, el político ultraderechista cumple su condena bajo custodia de la Policía Federal, luego que intentara dañar la tobillera electrónica que llevaba, un episodio que agravó su situación judicial ante el riesgo de fuga.

Tras el fallo de este viernes, el escenario judicial del exgobernante queda muy limitado, pues con los recursos internos prácticamente agotados, la sentencia queda firme dentro del ámbito del STF, lo que consolida el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

El staff jurídico del excapitán del Ejército podría intentar llevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque estos procedimientos no suspenden la condena ni tienen efectos inmediatos.

Posiblemente lo que sí puede seguir discutiéndose son aspectos administrativos, como lugar de detención, régimen de cumplimiento de la pena y eventuales beneficios penitenciarios, siempre que se cumplan los plazos legales.

La determinación del Supremo marca un punto de cierre judicial para el expresidente y abre una nueva etapa centrada más en la ejecución de la condena que en la posibilidad real de revertirla.

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