En conferencia de prensa, Ochoa, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que no validará un proceso electoral intervenido y tutelado por Estados Unidos, porque en Honduras la voluntad es soberana y es del pueblo, según reza la Constitución, acentuó.

El funcionario precisó que no existe ninguna circunstancia que lo obligue a firmar una declaratoria “fraudulenta”, en alusión al momento en que el CNE debe divulgar los resultados oficiales de los comicios, cuyo plazo expira el próximo 30 de diciembre.

Insistió en que su función es representar al pueblo hondureño y no intereses de gobiernos o actores extranjeros.

Cuestionó pronunciamientos y sanciones provenientes de Estados Unidos, calificándolos como una injerencia directa en el proceso, y sostuvo que el presidente de Honduras debe ser electo exclusivamente por el pueblo.

“El fraude ha estado a la vista de todos, aunque las misiones de observadores internacionales quieran ocultarlo o maquillarlo” remarcó Ochoa.

El CNE lo integran las tres fuerzas políticas mayoritarias en este país centroamericano: los derechistas partidos Nacional y Liberal, que encarnan el centenario bipartidismo, y el izquierdista Libre, de la actual presidenta Xiomara Castro.

“Aunque me lleven a ese pleno (de los tres consejeros del CNE) a punta de bala, me van a hacer validar un fraude”, subrayó el magistrado, quien enmarcó a la del 30 de noviembre como la elección “más sucia y menos transparente” en la historia de este país centroamericano.

Explicó que los niveles de manipulación y las inconsistencias detectadas superan incluso los hechos suscitados en la contienda de 2017, cuestionadas entonces por la Organización de Estados Americanos.

Reiteró su exigencia de un conteo voto por voto de las 19 mil 167 urnas del nivel presidencial, ante las evidentes discrepancias entre el número de electores y las cifras consignadas en las actas de votación.

Además, denunció fallas constantes y caídas en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, conocido por sus siglas TREP, lo cual, a su criterio, debilitó la transparencia del proceso y abrió espacio para la manipulación del procesamiento de datos.

“Mi postura, para saber quién ganó una elección con amenaza extranjera y de maras y pandillas, tenemos que abrir las 19 mil 167 juntas receptoras de votos”, recalcó.

“Si hacemos el voto por voto, con gusto estaré en la declaratoria oficial”, sentenció el consejero de Libre.

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