Estados Unidos anunció el despliegue de personal de su Fuerza Aérea en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, sin precisar el número de efectivos involucrados.
El gobierno ecuatoriano autorizó la “operación aérea temporal conjunta”, mientras sectores políticos y analistas cuestionaron la decisión en un contexto de presiones de Washington a Venezuela.
Además, la noticia fue dada un mes después de que los ecuatorianos dijeran No al regreso de las bases militares extranjeras en un referéndum convocado por Noboa.
Por otro lado, la justicia de Ecuador se encuentra inmersa en un escándalo debido a la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien decidió dejar su cargo luego de recibir amenazas vinculadas a un proceso por narcotráfico.
Las denuncias de Serrano alertaron al parlamento y su presidente, Niels Olsen, convocó al pleno para este domingo 21 de diciembre y definir la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Paralelamente, la excomandante general de la Policía Tannya Varela fue detenida este jueves en Quito en el marco de una investigación por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida.
La detención se inserta en el caso denominado León de Troya, una causa que indagaba presuntos nexos de altas esferas, incluidos allegados al expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), con una red de narcotráfico que fue denunciada en 2022.
En cuanto a la situación energética, persisten las preocupaciones por la posibilidad de apagones luego del descenso del nivel del principal embalse que alimenta a un complejo hidroeléctrico clave para la generación, aunque la ministra de Ambiente y Energía, descartó cortes en lo que queda de año.
A su vez, el presidente Noboa informó que el Estado presentó en Estados Unidos una demanda contra la empresa Progen por incumplir los contratos y por el millonario perjuicio causado en la compra de generadores eléctricos durante la crisis energética de 2024.
La decisión de Noboa de interponer la demanda en el exterior generó críticas por parte de la oposición que pide responsabilizar a las autoridades del sector energético, a Manzano y al actual ministro de Infraestructura y Obras Públicas, Roberto Luque, que fue titular de Energía.
También en los últimos días representantes de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) cuestionaron que el Gobierno ecuatoriano celebre como un “ahorro” el fallo que obliga al Estado a pagar 220 millones de dólares a Chevron.
La Udapt pidió a la justicia ecuatoriana que la indemnización a la transnacional sea embargada y esos recursos se destinen para la remediación ambiental en la Amazonía, contaminada entre 1964 y 1990 por Texaco, compañía luego fusionada con Chevron.
Además, esta semana Ecuador conoció que el salario básico para 2026 subirá 12 dólares, de 470 a 482 dólares, tras un consenso entre el Gobierno, empresarios y algunos sindicatos.
Otras organizaciones de trabajadores expresaron su desacuerdo con el incremento, pues apenas se acerca al valor de la canasta básica, que supera los 800 dólares.
En ese contexto, la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, aprobó el pedido de licencia de Noboa del 1 al 18 de enero, quien estará fuera del país por asuntos personales.
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