Mediante un decreto ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro prorrogó hasta el 26 de enero dicho instrumento, que otorga poderes excepcionales a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FFAA) para contener los índices de violencia en 226 de los 298 municipios de este país centroamericano.

En noviembre, el ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, aclaró que las medidas especiales se aplican únicamente contra estructuras criminales y en un catálogo limitado de cinco delitos, convalidado por el Ministerio Público (Fiscalía), enfatizó.

Según esa secretaría de Estado, bajo el paraguas del estado de excepción se reportan más de cinco mil detenciones por extorsión y delitos conexos y 79 mil 417 arrestos por diversas infracciones.

Además, se ejecutaron 22 mil 497 órdenes de captura y se incrementó de manera significativa la incautación de droga y armas de fuego, con un total de 18 mil 840 decomisadas.

El plan Solución Contra el Crimen permitió una reducción del 12,5 por ciento en la tasa anual de homicidios, con 62 municipios reportando cero asesinatos durante 2025.

Los niveles de inseguridad que enfrenta Honduras perturban gravemente la paz a nivel nacional y hace indispensable y urgente continuar con todas las medidas orientadas al restablecimiento del orden público y la protección de la vida humana, como fin supremo de la sociedad, argumentan las autoridades.

Conocidos como maras y pandillas, grupos formados por jóvenes y adultos controlan algunos barrios del país, con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman el tráfico de estupefacientes, la amenaza y la persecución.

La nueva prórroga del estado de excepción entrará en vigor el 26 de diciembre y se extenderá hasta el 26 de enero de 2026, un día antes de que concluya el mandato de Castro, quien en enero de 2022 se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia de este país.

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