El Ministerio de Defensa emitió un pronunciamiento público en el que aseguró que las Fuerzas Armadas han actuado “con apego a la ley y a sus valores institucionales”.

La cartera sostuvo que, desde el inicio del proceso judicial, se ha colaborado con “absoluta transparencia”, respetando el debido proceso y entregando toda la información requerida para que la verdad prevalezca.

Sin embargo, el abogado y defensor de derechos humanos Fernando Bastias, criticó al Ministerio y recordó que esa entidad en un inicio pidió la revocatoria de la prisión preventiva de los uniformados.

Además, apuntó Bastias, amenazaron a la jueza constitucional que declaró el hecho como desaparición forzada y decidieron callar mientras los padres de los chicos pasaban por un proceso revictimizante y doloroso frente a campañas de desinformación y estigmatización en contra de los niños.

“Ustedes son criminales disfrazados de funcionarios públicos. Tendrán que cumplir la sentencia y disculparse con los padres”, afirmó Bastia que forma parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, expresó en sus redes sociales solidaridad con las familias de Ismael y Josué Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, los cuatro menores que una patrulla militar detuvo el 8 de diciembre de 2024 y nunca más fueron vistos.

La titular defendió al mandatario, Daniel Noboa, y dijo que “nadie está por encima de la ley y todo funcionario público, de cualquier nivel, que violente normas o derechos, debe ser sancionado”.

En respuesta a Morillo, Bastias llamó al Ejecutivo a acompañar las palabras con acciones y pidió que, si en realidad apoyan la verdad, la justicia y la reparación, desvinculen al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y ordenen la entrega de información que esa cartera niega a la Fiscalía en otros casos de desaparición forzada.

Este lunes, el Cuarto Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró culpables como autores directos a 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por el delito de desaparición forzada de los cuatro menores, de entre 11 y 15 años de edad.

Un total de 11 uniformados fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión, otros cinco, que colaboraron con la justicia, a 30 meses de privación de libertad, y un teniente coronel procesado como presunto cómplice fue absuelto.

La defensa de los uniformados anunció que apelará.

Por su parte, Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, calificó la sentencia como un precedente histórico en materia de derechos humanos y protección de niños, pues además de la condena, dispuso medidas de reparación integral.

En declaraciones a la prensa local, el letrado aclaró que, aunque la condena es por desaparición forzada, existe una investigación paralela por secuestro con resultado de muerte, en la que se determinarían responsabilidades adicionales.

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