Así lo señaló la ministra de Defensa, Sandra Lazo, tras la denuncia del gobierno de su país contra esa empresa, contratada para construir dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya.
El Poder Ejecutivo solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores, programado en el contrato que firmó la anterior administración del presidente Luis Lacalle Pou, dijo la titular de Defensa.
«Comunicamos que no vamos a hacer el pago que la empresa ha reclamado en las últimas horas», aseguró Lazo en entrevista televisiva.
La ministra adelantó que el contrato podría ser rescindido.
El gobierno de Yamandú Orsi anunció en octubre la decisión de romper el convenio tras alegar irregularidades en las garantías del acuerdo y presunta estafa.
La oposición encaró en interpelación parlamentaria a Lazo por el tema, a cargo del ex ministro de Defensa, hoy senador, Javier García, quien firmó el acuerdo con Cardama.
Según el astillero español la construcción acordada de los buques está en fase de ejecución, aunque hay cuestionamientos sobre los plazos establecidos y la falsificación de la garantía de fiel cumplimiento presentada por el fabricante gallego.
El gobierno uruguayo pagó ya 30 millones de dólares de los alrededor de 90 milones pactados para la construcción de los buques militares que precisa para el resguardo de su mar territorial y el combate al narcotráfico.
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