La solicitud de Boluarte de recibir una pensión vitalicia como ex jefa de Estado, colisionó con un informe del departamento legal del Congreso, según el cual no procede el beneficio sobre todo porque la exmandataria no fue elegida presidenta sino vicepresidenta.
Portugal anticipó que la apelación tendrá que esperar la aprobación del informe por el Congreso y, de ser ratificado, acudirá al Poder Judicial y, si este tampoco le da la razón, recurrirá al Tribunal Constitucional, lo que podría tomar meses o hasta años.
Sostuvo que la ley no distingue entre presidentes electos y aquellos que han accedido al cargo por sucesión constitucional y añadió que el Parlamento aplica diversos criterios según sea el caso y con criterios políticos.
El informe adverso a la pensión a Boluarte argumenta que ella no fue elegida para ser presidenta, sino que lo asumió por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
También menciona que la ley dispone una pensión vitalicia equivalente al sueldo básico de un parlamentario, es decir 15 mil 600 soles (aproximadamente cuatro mil 460 dólares) para mandatarios que cumplieron un periodo completo de gobierno, a diferencia de Boluarte, que fue destituida en octubre pasado.
El contexto de la campaña electoral en marcha hace difícil que el Parlamento, cuya mayoría de miembros pretenden la reelección, atienda el pedido, debido al impacto de beneficiar a la casi unánime impopularidad de Boluarte.
El beneficio fue otorgado a los neoliberales Alberto Fujimori (1990-2001), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) -pese a no completar su mandato- y al nacionalista Ollanta Humala (2011-2016), condenados a prisión por diversas causas, pero sin cargos de violación de la Carta Magna, por los que hubieran sido privados de la pensión.
Fueron excluidos de la pensión los presidentes transitorios Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (quien en noviembre de 2020 duró solo cinco días en el cargo) y Francisco Sagasti (noviembre 2020-julio 2021) porque, como Boluarte, no fueron elegidos presidentes.
El Congreso negó la pensión solicitada por Pedro Castillo (2021-2022) pese a ser su caso similar al de Kuczynski, aunque a diferencia de este fue encarcelado, juzgado y condenado por conspiración para una rebelión y sin haber sido inhabilitado por violación de la constitución, como si ocurrió con Alberto Fujimori.
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