La entrega de los soldados se logró gracias a una comisión humanitaria integrada por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno de Carmen de Atrato, la Defensoría del Puelo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, luego de cerca de cuatro horas de diálogo, apuntó la comunicación.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó durante la víspera de manera categórica lo que calificó como un secuestro.

Comunicó que los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras desarrollaban operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo”, expuso el titular.

Comentó además que con la retención de los soldados se incurre en más de un delito grave, entre los que se halla la obstrucción a la función pública y otros tipos penales agravados, al tratarse de servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional.

“Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”, sentenció.

mem/ifs