En un comunicado, la institución subrayó que Nicaragua es un país de fe y de profunda tradición cristiana, donde las familias se sostienen en la confianza en Dios y agradecen diariamente por la paz y la vida, valores que —señala— han sido defendidos y preservados por el pueblo.

El texto resalta que Nicaragua es una nación amante de la paz, la concordia, la reconciliación y el encuentro, principios que fortalecen la convivencia y el crecimiento de las familias cristianas, socialistas y solidarias.

No obstante, la PGJ recordó que en 2018 algunas personas rompieron con esa cultura de paz al intentar ejecutar un fallido golpe de Estado, que dejó cuantiosas pérdidas económicas y un profundo sufrimiento en numerosas familias, víctimas de la violencia desatada en distintos puntos del país.

Según el escrito, en el contexto de esas acciones terroristas, grupos vinculados a personas y organizaciones extremistas participaron en la destrucción de bienes materiales y en hechos que provocaron la muerte de ciudadanos nicaragüenses, tanto inocentes como defensores de la paz.

Entre los responsables mencionados figuran Rudy Antonio Palacios, Mauricio Francisco Alonso, Pedro José López, Armando José Bermúdez, Jessica María Palacios y Olga María Lara Rojas, señalados como culpables de violentar la Constitución, agredir la paz y atentar contra la vida y los valores del país.

La PGJ indicó que estas personas huyeron del territorio nacional para evadir la acción de la justicia y posteriormente retornaron de manera clandestina con el propósito de continuar violentando las leyes y planificando nuevas agresiones contra el patrimonio material y la vida de las familias y de instituciones al servicio del pueblo.

De acuerdo con la PGJ, los implicados fueron capturados, procesados y condenados conforme al ordenamiento jurídico nacional, y actualmente permanecen recluidos en centros penitenciarios del país.

El comunicado enfatizó que durante todo el proceso fueron respetados sus derechos y garantías, y que deberán cumplir las sentencias impuestas por las acciones violentas realizadas y por la planificación de nuevos hechos desestabilizadores, al considerar que vulneraron el derecho esencial a la paz y a la vida de las familias nicaragüenses.

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