Así lo consignó el presidente de la Asociación, Enrique Moller, quien criticó el bajo estándar de garantías del CPP, la sobrecarga del sistema y el uso extendido del juicio abreviado.

Consideró que el sistema vigente presenta falencias estructurales que impactan negativamente en las garantías, en los tiempos del proceso y en la calidad de la Justicia penal.

El CPP fue aprobado en 2014, aunque su entrada en vigencia se suspendió durante un período y, desde entonces, fue modificado en 16 oportunidades.

Para el abogado penalista tal acumulación de reformas parciales terminó afectando seriamente la coherencia del texto.

“El CPP es un código dificilísimo de manejar, porque tiene muchos retazos. No hay una estructura clara y para el operador del derecho es muy complejo saber dónde está cada cosa”, afirmó.

En su opinión, las sucesivas modificaciones, sumadas a los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración, generaron un cuerpo normativo fragmentado y poco amigable para su aplicación cotidiana.

Según explicó, hoy basta con un umbral muy bajo de elementos objetivos para formalizar a una persona, lo que habilita inmediatamente la adopción de medidas cautelares.

“Eso deja a la persona cargando durante meses o años con una situación que después puede no sostenerse”, indicó a Diario La R.

Por su parte el presidente Yamandú Orsi coincidió en la necesidad de reformular el Código, en particular con el tema de los procesos abreviados que calificó como “un problemón”.

“Cuando empezó a explotar la cantidad de presos hace años, yo creo que habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los (juicios) abreviados”, valoró en entrevista por streaming.

ool