Cinco magistrados del TCE decidieron no admitir las demandas presentadas por el asambleísta de la Revolución Ciudadana Christian Hernández, que acusó a los funcionarios de intentar inducir al voto durante los días en que se supone que está prohibida la propaganda y el proselitismo.
Las autoridades denunciadas fueron los ministros de Trabajo, Harold Burbano; de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque; de Producción, Luis Alberto Jaramillo; Roberto Kury, de Telecomunicaciones; Zaida Rovira, de Desarrollo Humano; Inés Manzano, de Ambiente y Energía; y Gian Carlo Loffredo, de Defensa.
Hernández los acusó de una presunta infracción electoral por haber difundido opiniones en medios digitales que indujeron a los electores sobre una posición o preferencia electoral.
Para los jueces, las acciones impugnadas se enmarcan en posibles “contravenciones electorales” y no en “infracciones electorales”, por lo que el conocimiento y procesamiento corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) y no al TCE.
Anteriormente, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que el organismo no puede controlar la campaña en redes sociales.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, comentó a inicios de diciembre en una entrevista radial que las publicaciones realizadas por los ministros en redes sociales en pleno silencio electoral, sí constituyen una infracción electoral.
Sin embargo, al igual que Atamaint, advirtió que el vacío legal respecto a las redes sociales limita la capacidad del organismo electoral para sancionar estas conductas.
“Lamentablemente las normas no nos permiten a nosotros tomar acciones sobre esto que estamos llamando redes sociales”, declaró Pita, quien precisó que el control de campaña solo aplica para medios tradicionales y plataformas digitales registradas formalmente.
El pasado 16 de noviembre la mayoría de los ciudadanos rechazaron en las urnas las cuatro propuestas de consulta popular y referéndum promovidas por Noboa, incluida la posibilidad de una nueva Constitución y la instalación de bases militares extranjeras.
Representantes de colectivos que defendieron el voto por el No en la consulta consideraron que los resultados constituyen una victoria “colectiva” y un mensaje para que el mandatario rectifique su rumbo político.
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