A través de un comunicado divulgado hoy por la prensa local, el portavoz gubernamental y ministro de Comunicaciones y Medios, Patrick Muyaya, refirió que la población del este del país se ve obligada a organizar muestras de respaldo a los insurgentes y a rechazar las presiones que exigen su retirada.

La nota expresó su rechazo a estas prácticas, que consideran fueron implementadas durante las marchas registradas en Uvira el 16 de diciembre, Kamanyola el 19 de diciembre, Goma el 22 de diciembre, y Bukavu y Sake la víspera.

Consideraron que obligar a civiles, incluidas mujeres y jóvenes, a participar en manifestaciones en apoyo de una presencia militar extranjera ilegítima es inaceptable; además de constituir una manipulación psicológica de las comunidades locales.

El comunicado apuntó que el uso de civiles como escudos humanos o herramientas de propaganda socava gravemente la soberanía nacional y constituye un delito contra la dignidad humana.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno con los procesos de paz en curso y la protección de la población.

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