La víspera el Poder Ejecutivo presentó una ampliación de su denuncia introducida ante la Fiscalía, esta vez una pericia solicitada por el Ministerio de Defensa al del Interior.

Esa experticia concluyó que la firma digital que consta en el documento de la garantía de fiel cumplimiento del contrato no es original sino calcada, confirmaron fuentes gubernamentales.

Resulta la segunda ampliación a la denuncia que presentaron personalmente en Fiscalía Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, secretario y prosecretario de Presidencia.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, adelantó esta semana que el gobierno suspenderá el pago al astillero hasta que haya una resolución judicial del caso.

Ello luego que el propio presidente Yamandú Orsi anunciara en octubre la decisión de iniciar el proceso para rescindir el contrato con el fabricante de los buques.

El Poder Ejecutivo solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores, dijo Lazo.

«Comunicamos que no vamos a hacer el pago que la empresa (Cardama) ha reclamado en las últimas horas», aseguró la titular en entrevista televisiva.

A la pregunta sobre si el contrato caerá, Lazo respondió “si”.

El gobierno uruguayo, que ya pagó 30 millones a Cardama, ha dicho que es víctima de estafa e incumplimientos.

La entrega del primer buque, debía hacerse a los 18 meses desde diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato, cosa que no sucedió, entre otras irregularidades.

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