Ese día funcionarios de la administración ofrecerán una “presentación informativa” sobre este controvertido ‘Proyecto de Modernización del Ala Este’.

La NCPC publicó en su página oficial que “esta es una oportunidad para que el solicitante del proyecto lo presente y para que los comisionados hagan preguntas y brinden observaciones generales antes de la revisión formal, que prevemos para esta primavera”.

En octubre la administración Trump comenzó a demoler partes del Ala Este de la mansión ejecutiva, donde tradicionalmente se encuentra la oficina de la primera dama, para dar paso al lujoso salón de baile sin antes contar con una revisión formal.

El mandatario republicano declaró la semana pasada que el salón de baile podría costar hasta 400 millones de dólares, el doble de la estimación original de 200 millones de dólares.

Trump ha repetido una y otra vez que el gasto del proyecto sería cubierto por donantes; sin embargo, no pocos críticos advierten sobre la posibilidad de que personas y empresas que aporten los fondos podrían comprar así su acceso a la Casa Blanca.

Un juez federal ordenó una revisión formal tras una demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation, que solicitaba la paralización de las obras hasta que se completara el proceso. El magistrado concluyó que la construcción podía continuar, pero ordenó que se llevara a cabo el proceso de examen.

Will Scharf, jefe del panel designado por Trump y también es secretario de personal de la Casa Blanca, afirmó en reunión pública de la NCPC que la junta no tiene jurisdicción sobre la demolición ni sobre los trabajos de preparación del terreno para edificios en propiedad federal.

Pero calificó el prometido salón de baile de Trump como «uno de los proyectos de construcción más emocionantes en la historia moderna de Washington».

El proyecto de Trump ha suscitado múltiples críticas en las comunidades de preservación histórica y arquitectónica, así como entre sus adversarios políticos.

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