El defensor, Raúl Noblecilla, hizo el comentario después de que Arriola declaró que la seguridad en el frontis de la sede se ha reforzado ante la detectada posibilidad de que la asilada intente salir de la sede en un automóvil diplomático.

El jefe policial, cuyos críticos atribuyen un constante afán de exposición mediática, supervisó el despliegue iniciado esta madrugada y sostuvo que, además, sus agentes tienen bajo vigilancia diversos puntos de la ciudad en los que Chávez podría cambiar de automóvil.

La Policía nacional “monta un show frente a la embajada de México, mientras el pueblo sufre extorsión, sicariato, asesinatos, este es el burdo papel de comandante Oscar Arriola”, afirmó Noblecilla, aludiendo a la crisis de inseguridad que vive el país.

El canciller Hugo de Zela informó sobre el asilo de Chávez en la Embajada de México el 3 de noviembre último y, de inmediato, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el país asilante.

Desde entonces, el Gobierno se niega a otorgar a la asilada el salvoconducto que le permita viajar a México sin ser detenida por una orden vigente de detención en su contra y gestiona la revisión de los términos del tratado de asilo para evitar que procesados o condenados por delitos comunes accedan a esa condición.

Zela declaró a los corresponsales de la prensa internacional que, al menos durante el presente gobierno -que terminará en julio de 2026-, se aplicará la negación del salvoconducto a quienes, en la situación de Chávez, ingresen a una embajada con fines de asilo.

Tal posición fue criticada por la mayoría de los excancilleres y por analistas y expertos en política internacional.

La ex primera ministra optó por asilarse el 3 de noviembre, antes de ser condenada a 11 años de cárcel como presunta cómplice del intento del presidente Pedro Castillo, de disolver, en diciembre de 2022, el Parlamento conservador de oposición, que había fracasado en dos intentos de vacar (destituir) a Castillo y preparaba el tercero.

Castillo fue condenado a la misma pena, pero, al igual que Chávez, apeló contra el fallo, dictado por el delito de conspiración para una rebelión, y ambos argumentan que la sentencia carece de sustento.

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