La legislación, impulsada por organizaciones de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, prevé la realización de una consulta de estatus que excluirá la posible anexión plena de esta nación del Caribe, bajo el dominio colonial de Washington desde 1898, posibilidad que aborrece el presidente Donald Trump.

“Inspirados en el pensamiento político y ético de Eugenio María de Hostos, reafirmamos que la independencia no es un acto aislado ni una concesión, sino un proceso democrático, inclusivo y participativo que debe reconocer la voluntad de todos los puertorriqueños, tanto de quienes residen en Puerto Rico como de quienes forman parte de nuestra amplia y diversa diáspora”, estableció el MINH.

La organización, que participa activamente en esta iniciativa representada por Jaime Inclán, miembro de su Dirección Nacional, refirió que “el principio hostosiano de la dignidad humana y la soberanía del pueblo exige que cualquier propuesta sobre el futuro político de Puerto Rico reconozca a la nación puertorriqueña en su totalidad”.

“La diáspora es parte integral de nuestro país, de su historia y de su porvenir”, expresó el MINH en declaraciones escritas, enviadas a Prensa Latina en San Juan, firmadas por sus copresidentes Carlos Vega Pérez y Ángel Rodríguez León.

La población puertorriqueña es estimada en nueve millones, de los cuales solo 3,2 millones residen actualmente en la isla caribeña, después que el huracán María provocó en 2019 la migración de unas 600 mil personas, aparte de la política impulsada por Washington en la década del 40 del siglo pasado para estimular la salida hacia la nación norteña.

El Movimiento sostiene que toda iniciativa del Congreso estadounidense relacionada con el estatus político de Puerto Rico debe reconocer explícitamente el derecho a la autodeterminación e independencia como opción legítima y viable.

Además, garantizar un proceso informado, transparente y participativo, que incluya a la diáspora puertorriqueña en sus mecanismos de deliberación y decisión, junto con respetar la identidad nacional, cultural y lingüística del pueblo puertorriqueño.

Igualmente, promover una transición ordenada y justa, basada en el respeto a los derechos humanos, el desarrollo económico sostenible y la justicia social.

El congresista republicano McClintock, representante por California, ha sostenido reuniones con diversas figuras, como el abogado Manuel Rivera, presidente de la organización Puertorriqueños Unidos en Acción, con base en la zona de Washington D.C., y el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

Este último quedó en segundo lugar en la pasadas elecciones para gobernador, un escenario que no se vivía en Puerto Rico desde inicios de la década del 50 del siglo pasado.

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