El proyecto de ley, según explicó a los diputados el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, propone cambios de fondo en cómo se producirán, mezclarán y se gravarán los combustibles que se venden en el istmo.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que toda la gasolina que se comercialice en el país centroamericano deberá contener un 10 por ciento de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante.

La mezcla sería obligatoria una vez entre en vigor el Programa de Biocombustibles, cuya fecha de implementación quedará en manos de la Secretaría Nacional de Energía, según precisa el propio texto legal.

De acuerdo con la propuesta, los importadores y distribuidores de combustibles estarán obligados a adquirir la totalidad del bioetanol disponible en el país, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad exigidos.

Solo si la producción local no logra cubrir la demanda necesaria para la mezcla obligatoria, se permitirá completar el faltante con bioetanol de procedencia extranjera.

La normativa concentra en la Secretaría Nacional de Energía la facultad de otorgar los permisos para producir, almacenar, transportar y comercializar bioetanol.

Para ello, se crean dos tipos de autorizaciones: una dirigida a las plantas productoras nacionales y otra para los usuarios que importen bioetanol cuando el mercado local resulte insuficiente.

El proyecto se encuentra pendiente del primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, cuyo titular, el diputado Ernesto Cedeño, señaló que deja preguntas sin resolver, especialmente sobre su impacto directo en los consumidores.

La presentación de la iniciativa ocurre además en medio de cuestionamientos públicos por un posible conflicto de interés que involucra al contralor general de la República, Anel Flores, según el diario La Prensa.

Recientemente Flores admitió públicamente que es accionista de una de las cuatro principales azucareras del país, un sector que produciría la materia prima necesaria si el mercado del bioetanol se desarrolla.

No obstante, negó que exista un negociado alrededor de la iniciativa y rechazó que el proyecto le genere un beneficio personal, al tiempo que sostuvo que Panamá no cuenta actualmente con producción de etanol ni con infraestructura instalada para ese fin.

El funcionario adelantó que cualquier desarrollo del mercado requeriría nuevas inversiones y reiteró que, de avanzar la industria, la prioridad debería ser la compra de producto nacional, en línea con lo que plantea el proyecto legislativo.

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