Según medios de prensa, a ese panorama sombrío se suma el notorio silencio del Ejecutivo, interpretado por distintos sectores como una señal de complacencia.

Aparte de un mensaje emitido por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, citada por el diario La Prensa, en el que justificó la medida y sostuvo que todas las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos, ninguna otra autoridad se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

De forma paralela, circula en las redes una imagen de Montalvo junto al exministro Guillermo Ferrufino y su esposa, Milena Edith Vallarino Morales, esta última incluida en la lista de personas que podrían recibir una rebaja de pena.

La fotografía data de 2016, cuando un tribunal ordenó la liberación del exministro tras sustituir la medida de detención preventiva por la de “país por cárcel” —prohibición de salida del país—, luego de que permaneciera detenido durante un año y ocho meses por un caso de presunto enriquecimiento injustificado.

En la actualidad, Vallarino Morales, al igual que su esposo, cumple una condena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado.

Sobre este tema, analistas políticos, exmagistrados y diputados de distintas bancadas coinciden en que este tipo de medidas no puede analizarse únicamente desde el marco legal, sino también a partir de su impacto ético, político y social.

En declaraciones al rotativo, el analista José Stoute calificó como inadmisible que personas que causaron un daño colectivo accedieron a rebajas de pena, especialmente cuando evadieron la justicia durante años.

También la diputada independiente de la bancada Vamos, Janine Prado, sostuvo que más allá de la discusión técnica, lo que preocupa es el mensaje que se envía al país, al anunciar que estas decisiones erosionan la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Prado recordó que existen cientos de mujeres privadas de libertad desde hace años, en condiciones difíciles, cuyos casos no reciben la misma atención.

“Es legítimo cuestionar por qué se prioriza a personas con poco tiempo de detención, especialmente cuando existen vínculos con casos de corrupción que han causado un enorme daño al país”, remarcó.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino explicó que la Constitución permite a la facultad presidencial de otorgar rebajas de pena, pero demostró que ese modelo debe ser revisado.

A juicio del experto, otorgar ese beneficio debería ser una atribución exclusiva del Órgano Judicial, sustentada en criterios técnicos y no políticos.

Mientras el diputado por libre postulación Roberto Zúñiga denunció lo que considera una práctica estructural de desigualdad.

«En este país la justicia no solo es desigual: está secuestrada por el doble discurso. Para unos, todo el peso de la ley; para otros, la impunidad garantizada», afirmó.

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