La manifestaciones discrepantes consideran negativo el anuncio de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien calificó de grave la situación financiera de la empresa y apoyó un proyecto de reformar la empresa, con medidas como su fragmentación.
La ex vicepresidenta de la República y candidata al Senado, Marisol Espinoza, pidió la renuncia de Miralles, por crear pánico financiero al caracterizar la situación de Petroperú en términos que, dijo, propician la pérdida de confianza de los acreedores.
Consideró dañino que la ministra de Economía, que preside la Junta de Accionistas de Petroperú se pronuncie en esos términos que, agravan la posición la compañía, objeto desde hace meses de una campaña empresarial y mediática que promueve su privatización.
Tanto Espinoza como el secretario general de la Federación de Sindicatos de Petroperú, Rafael Noblecilla, quien acusó a Miralles de mentir sobre la empresa con falsas cifras de su endeudamiento, coincidieron en rechazar cualquier forma de privatización.
Noblecilla reveló que la federación que encabeza ha emplazado a la ministra a retractarse de las cifras dadas y la criticó por desconocer la actividad petrolera e ignorar que la ley de creación de la empresa estatal no puede ser modificada por un decreto gubernamental.
Los sindicatos de Petroperú señalaron también que la privatización por bloques para su explotación por inversionistas extranjeros, que propugna Miralles, generaría conflictos sociales en diversas regiones que tienen trato especial de Petroperú.
Espinoza apuntó que la campaña contra la empresa estatal omite que el Estado ha acumulado una deuda de 20 mil millones de dólares, por la no recuperación de los impuestos pagados por sus compras de petróleo con destino a la Amazonía, libre de tributos.
En el Parlamento se pronunciaron diversas bancadas como el partido Perú Libre, cuyo congresista Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, llamó a defender a la empresa.
“Rechazo cualquier intencionalidad privatista, entreguista y vendepatria, la misma que pretende despojar al pueblo de sus recursos naturales, lo que afectaría la dignidad nacional”, dijo.
Jaime Quito, de la Bancada Socialista, declaró que las medidas anunciadas apuntan a debilitar y liquidar la Refinería de Talara, cuya actividad incide en la regulación del mercado de combustibles.
El ex presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, invocó a la moderación de mensajes a los ministros y ejecutivos de la empresa, pues esta tiene bonos por un valor de tres mil millones de dólares en mercados externos de valores y su cotización se ha depreciado.
Narváez declaró a corresponsales extranjeros, durante su gestión en el cargo, que Petroperú está pagando a proveedores y otros acreedores, en forma puntual, sus deudas por aproximadamente seis mil millones de dólares, a pagar a largo plazo, en 2032 y 2047.
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