El mandatario, quien es un ferviente impulsor de ese órgano, aclaró que este no ocurriría en época electoral pues en los próximos tres meses se recogerán las firmas para avalar esa solicitud, que debe sumar más de dos millones 500 mil, es decir, el cinco por ciento del censo electoral.

Manifestó asimismo que la iniciativa se presentaría después del 20 de julio de 2026, o sea, que se discutiría tras la conformación del nuevo Congreso, que será elegido el 8 de marzo del año venidero y después de los sufragios para la Presidencia, cuya primera vuelta acontecerá el 31 de mayo.

El gobernante reseñó nueve puntos fundamentales contenidos en el proyecto.

El primero de ellos alude a las reformas sociales que, según planteó, les fueron bloqueadas al actual gobierno, tales como la pensional, a la salud, al código minero, a los servicios públicos, a la educación, la soberanía sobre los datos y la inteligencia artificial, entre otros. La siguiente tiene que ver con la profundización de la reforma agraria y la tercera con la adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática.

El cuarto de sus ejes, según expuso, versa sobre el nuevo ordenamiento territorial de Colombia y el acto legislativo sobre competencias y recursos a las regiones.

A continuación, señaló la necesidad de modificar el sistema judicial, donde solo la Corte Constitucional se mantendría intacta, y el sexto punto atañe a una reforma política con la finalidad de introducir cambios en el sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, el voto libre y obligatorio, así como las revocatorias.

El séptimo alude a los actos legislativos de implementación inmediata de los acuerdos de paz realizados y al tratamiento del narcotráfico, y el siguiente a la seguridad integral de Colombia y sus ciudadanos.

Petro, como último eje, planteó la pertinencia de crear una confederación de Naciones Grancolombiana.

La posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente está aún en ciernes.

Si el Congreso aprueba la ley y la Corte Constitucional le da su aval, se procederá entonces a realizar una votación nacional.

De acuerdo con la ley, para que la convocatoria sea válida debe ser aprobada por al menos una tercera parte del censo electoral.

Según enfatizó antes el presidente, la intención de fundar ese órgano es satisfacer las necesidades de los menos favorecidos del país cuyos reclamos han sido desoídos.

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