La decisión, divulgada a través de un decreto ejecutivo, se dio luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).

El documento señala que estas áreas reservadas de seguridad tendrán la calificación de secreto, bajo control y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sin que esto implique título de propiedad militar sobre los lugares.

El texto recuerda que el 7 de abril de 2024, luego de declarar la existencia de un conflicto armado interno para enfrentar al crimen organizado, Noboa dispuso a los ministerios de Defensa y del Interior la elaboración de estudios e informes técnicos sobre zonas de seguridad en las prisiones del país.

Desde entonces el gobernante dispuso el levantamiento planimétrico de los perímetros de seguridad de las cárceles, el establecimiento y control según el tipo de centro penitenciario, así como la implementación de tecnología antidrones, que contempla la inhibición o derribo de aeronaves a distancia.

Se ordenó también la inhibición de señales y control del acceso a telecomunicaciones, la prohibición de la construcción de túneles u obras subterráneas, y la restricción de edificaciones horizontales o verticales en los perímetros definidos como áreas de seguridad.

Las cárceles de Ecuador son consideradas por el Gobierno como uno de los principales focos de la violencia criminal en el país.

Desde 2021, cerca de 600 personas privadas de libertad han sido asesinadas en el interior de los centros penitenciarios, en su mayoría durante enfrentamientos entre bandas rivales.

No obstante, en 2025 el número de reos fallecidos por tuberculosis o desnutrición superan los fallecidos por violencia, de acuerdo con familiares y organizaciones de derechos humanos.

Además de las cárceles, Noboa aprobó mediante otro decreto la delimitación de zonas de seguridad en las fronteras, que también quedarán bajo control militar, aunque los detalles fueron clasificados como secretos.

Estas decisiones se suman a otras acciones recientes del Gobierno, como la suspensión parcial de los cruces por pasos fronterizos con Colombia y Perú, medida cuestionada por su impacto en las comunidades limítrofes pero que, según el Ejecutivo, responde a análisis técnicos y de inteligencia para frenar economías criminales y delitos transnacionales.

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